Familiares de víctimas denuncian expansión de soja en zona masacre Curuguaty

Familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, ocurrida en Paraguay en junio de 2012 y que causó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, denunciaron hoy que empresas privadas están cultivando soja en el lugar donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías.

Familiares de víctimas denuncian expansión de soja en zona masacre CuruguatyLa parcela donde se produjo un enfrentamiento entre policías de élite y campesinos, cuya titularidad continúa en disputa entre el Estado y la empresa familiar de un líder político recientemente fallecido, es ahora un sojal, informó a Efe una portavoz de la Comisión de Familiares de Víctimas de Curuguaty, Martina Paredes.

Desde la semana pasada, cuando se empezó a rumorar sobre una posible emisión de acciones de Ecopetrol en el mercado de Estados Unidos, el título empezó a perder terreno.

Sin embargo, el viernes pasado, el mercado lo dio como un hecho cuando la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer algunas declaraciones que el presidente de Ecopetrol, El señor Javier Gutiérrez, les dio a periodistas en la ciudad Nueva York.

“Si necesitáramos recursos adicionales, seguramente consideraríamos la posibilidad de emitir acciones”, dijo el directivo de la petrolera luego de un reunión con inversionistas.

Desde la semana pasada, cuando se empezó a rumorar sobre una posible emisión de acciones de Ecopetrol en el mercado de Estados Unidos, el título empezó a perder terreno.

Sin embargo, el viernes pasado, el mercado lo dio como un hecho cuando la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer algunas declaraciones que el presidente de Ecopetrol, El señor Javier Gutiérrez, les dio a periodistas en la ciudad Nueva York.

“Si necesitáramos recursos adicionales, seguramente consideraríamos la posibilidad de emitir acciones”, dijo el directivo de la petrolera luego de un reunión con inversionistas.

Exactamente una semana después de iniciar su presidencia, el 22 de agosto de 2013, Horacio Cartes obtuvo en el Congreso la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna. La modificación otorgaba al nuevo presidente la posibilidad de militarizar zonas enteras del país, vía decreto del poder ejecutivo y sin previo acuerdo del Parlamento Nacional, el objetivo mencionado era “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país

La ley modificada inaugura el “estado de sitio blando”, nada más normal en la década de la generalización de los golpes blandos, como el que vivió el propio Paraguay en junio de 2012 y abrió la vía para que Cartes llegue al poder en abril del 2013.

El motivo declarado de la medida era el combate a un pretendido grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que en casi una década de existencia reivindicó varios sonados casos de secuestros extorsivos, quemas de maquinarias de sojeros y de algunos puestos policiales del interior del país, así como diversos enfrentamientos a tiros con fuerzas policiales y militares. En los días previos a la militarización también reivindicó el asesinato de 5 guardias privados de una estancia, en un confuso episodio en Tacuatî, ciudad situada a unos 350 km al norte de la capital. El hecho fue la base para la aprobación de la medida.

El Presidente que prometía un nuevo rumbo para el país y se ufanaba de que nadie le marcaría la agenda, con menos de un mes de gobierno ya estrenaba el nuevo dispositivo enviando fuerzas militares a 3 departamentos del país: Concepción, San Pedro y Amambay.
Guerrilla sin monte pero con sojales

El grupo armado mencionado opera en una zona bastante definida, las propias fuentes policiales y militares los describen como un grupo que no sobrepasaría las 50 personas y al menos en sus intervenciones más publicitadas no dieron muestras de contar con un gran poder de fuego o de disponer de un arsenal muy sofisticado. La región en cuestión, es una de las zonas más deforestadas del país, consecuencia del cultivo intensivo de soja transgénica; vale decir, grandes planicies sin masas boscosas importantes, un terreno que no parece muy propicio para la implantación de una guerrilla rural o que en todo caso debería facilitar la captura de sus integrantes

En algunas semanas más se cumplirán 3 años de la presidencia de Horacio Cartes y de la militarización de los mencionados departamentos, medida que sigue vigente de forma ininterrumpida hasta hoy. En todo este tiempo su “lucha anti-subversiva” no erradicó el EPP. En cambio, las comunidades campesinas sí que sintieron la presencia militar. Abundan las denuncias por casos de maltrato, abuso de poder, violencia policial, tortura y recurrentes escándalos de corrupción que involucran a las Fuerzas de Tarea Conjunta (policías y militares) que opera en la zona, cuyo financiamiento, dicho sea de paso, es sumamente costoso a las arcas públicas y se hace en desmedro de políticas sociales muy necesarias en estos y otros departamentos.

Según denuncian organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, la llegada de la FTC creó un clima de terror en las comunidades campesinas, una sensación propia de tiempos dictatoriales, un contexto en el que cualquier persona en oposición a las políticas gubernamentales o a la expansión del modelo sojero, es asimilado a un alzado en armas o cuándo menos cómplice de los mismos y es tratado como tal.

No hace falta ser muy perspicaz, para entender el efecto de este tipo de métodos sobre un movimiento campesino particularmente fuerte y activo en la región

as fértiles tierras agrícolas del país se concentran en manos de unos pocos latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para producir soja y ganado bovino

Las fértiles tierras agrícolas de Paraguay se concentran en manos de unos pocos latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para producir soja y ganado bovino, los principales productos de exportación del país sudamericano. Un 2,5% de la población de Paraguay concentra el 85% de sus tierras agrícolas, lo que lo convierten en uno de los países con más latifundios de América Latina y del mundo

Entre 2004 y 2014 el precio de una hectárea de suelo paraguayo de la región más productiva aumentó de 200 dólares a 1.200 o más. En las zonas más fértiles y con infraestructuras viales desarrolladas los precios pueden alcanzar los 15.000 dólares por hectárea.

“¡Avancen! ¡Avancen! ¡Avancen!”. Así gritaba el jefe de un batallón de 150 policías con escudos, cascos, porras y escopetas desplegado frente a una asamblea de 50 campesinos. Las familias labriegas reunidas con sus niños bajo la sombra de un gigantesco mango no tuvieron tiempo de reaccionar: “¡Vamos a hablar!”, suplicaban sin efecto algunos, mientras veían venir los porrazos.

“No escucharon. Empezaron a agarrar a las señoras, a otro le quebraron la cabeza y nos tuvimos que esconder”, cuenta Milcíades Añazco, un labriego paraguayo de 30 años que vive con su esposa y sus dos hijos en una pequeña porción de tierra colorada cubierta de frutales en Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, a 250 kilómetros de Asunción y a solo 80 de la frontera con Brasil.

La comunidad, a la que solo se llega por caminos de tierra, está siendo asediada y destruida impunemente desde el pasado septiembre por latifundistas vecinos de origen brasileño, según denuncian sus habitantes, la principal organización civil del campo, la Federación Nacional Campesina (FNC), y parlamentarios de los tres principales partidos que han acudido al lugar para intentar frenar los enfrentamientos.

Dos de cada 10 paraguayos ingiere menos calorías de lo necesario para llevar una vida sana

“Con la connivencia de la fiscalía del distrito y de la Policía Nacional los brasileños vienen y destruyen nuestros cultivos y nuestras casas. Después vienen los cascos azules a pegarnos y robarnos lo que queda”, dice Añazco mientras va señalando sus 15 heridas de balín en las piernas, nalgas, pecho, hombro y las marcas de culatazos en la espalda.

El 3 de enero, tras sabotear la asamblea vecinal, los agentes persiguieron a las familias campesinas en una desigual batalla campal hasta el terreno privado y la modesta vivienda de madera de Añazco, donde una veintena de mujeres y niños se refugió junto a algunos hombres.

“Salí a decirles que esto era propiedad privada y que no iban a entrar. Prohibido. Hay criaturas. Vamos a hablar. Pero ahí volvieron a atacar”, narra el campesino. La respuesta de los policías fue derribar la resistencia a patadas. Tiraron gases lacrimógenos y cuando toda la gente comenzó a salir de la casa para no asfixiarse, los persiguieron otra vez y les dispararon con balines de goma. La gente corría por las inmensas plantaciones de soja para escapar de las balas.

Al día siguiente del desalojo todavía estaban impresas en la puerta blanca de la casa de los Añazco las marcas marrones de las botas policiales. Las pertenencias de la familia quedaron destruidas: la motocicleta, su antena parabólica y todo el mobiliario. Además, robaron una cartera con 600.000 guaraníes (unos 100 euros) y todos los documentos. A su hijo de 10 años le pegaron tan fuerte en la mano que lo tuvieron que llevar a Asunción para ser atendido de urgencia por una fisura.

“Esposaron, rompieron bocas, cabezas. Nos maltrataron mucho. A todos los que agarraban les daban y les subían a la patrullera y se llevaban las motos, todo. Las señoras les gritaban: ‘¡Aquí hay criaturas, nos rendimos, no hacemos nada!’, pero igual les pegaban”, recuerda Añazco.

La Policía aseguró que intervino por orden de la Fiscalía que afirma que los campesinos ocupan ilegalmente tierras de los brasileños. También acusa a los labriegos de entrar en las plantaciones de soja de los brasileños para bloquear el paso de sus máquinas e impedir que fumiguen con agroquímicos.

Tierra muy fértil, pero muy mal repartida
En Paraguay el 80% del campesinado, aproximadamente un 35% de la población de unos siete millones de habitantes, no posee tierras. Mientras las vacas ya duplican a la gente, dos de cada 10 paraguayos ingieren menos calorías de lo necesario para llevar una vida sana. Las tierras más fértiles han sido deforestadas y ahora son o pasto para vacas o plantaciones de soja transgénica porque el agronegocio es muy rentable y aporta más de un 30% al producto interno bruto del país.

Solo el 6,3% de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina, una cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país, que se ha acostumbrado a importar desde Argentina y Brasil alimentos que podrían ser producidos por su campesinado, según datos del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), una organización no gubernamental.

uahory representa un paradigma de la situación de muchos rincones de Paraguay. Este lugar, que originalmente era una selva subtropical con monos y jaguares, se ha convertido en una llanura limpia, sin árboles, donde solo hay plantaciones de soja cuyo fin no se ve en la línea del horizonte. El asentamiento campesino ha quedado en medio de un siniestro mar verde de plantas de soja por donde no suele pasar un alma a menos que sea en un gran tractor para fumigar.

La cría de ganado y las plantaciones de soja para exportación son la norma en el campo paraguayo, por eso el país sudamericano es el cuarto exportador de soja y el sexto de carne bovina del mundo. Pero esas riquezas están en manos de una pequeña minoría. El 2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo de Paraguay, según Oxfam.

La comunidad de Guahory es un oasis de árboles frutales y palmeras en medio de ese desierto verde. Pese a que, contraviniendo la ley, la soja de los latifundios llega hasta los caminos sin que haya una barrera de árboles que frenen los tóxicos de uso obligado para estas producciones, unas mil personas muy jóvenes, con muchas niñas y niños, vivían aquí arando su propia tierra de forma tradicional con agua de pozo y animales de granja.

El asentamiento ubicado en pleno corazón de la producción sojera de Paraguay, con más de 30 años de historia, está creado sobre tierras estatales y ha sido invadido en tres ocasiones desde el pasado septiembre por los terratenientes vecinos de origen brasileño que reclaman la titularidad de las tierras ante la justicia paraguaya.

Según denuncian los campesinos, los colonos brasileños, dueños de cientos de hectáreas de cultivos de soja en la zona, destruyeron con sus propias máquinas y tractores las cosechas de alimentos de las familias locales.

El Gobierno paraguayo dice que las tierras son de los brasileños
Los desalojos también afectan a los pueblos indígenas, que son expulsados continuamente de sus tierras ancestrales

El titular del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, explica que “todos los brasileños que han recibido títulos en Guahory, lo hicieron antes de 2004”, antes de que cambiara la ley sobre el estatuto agrario y se prohibiera que el Estado otorgara tierras públicas a extranjeros.

“Las maquinarias ingresaron efectivamente a destruir las viviendas de los paraguayos porque estaban en propiedad privada de los brasileños. La Policía ha hecho su tarea, y eso ocurre aquí, en España, Suecia, Estados Unidos o donde usted quiera”, asegura Cárdenas.

Familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, ocurrida en Paraguay en junio de 2012 y que causó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, denunciaron hoy que empresas privadas están cultivando soja en el lugar donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías.

La parcela donde se produjo un enfrentamiento entre policías de élite y campesinos, cuya titularidad continúa en disputa entre el Estado y la empresa familiar de un líder político recientemente fallecido, es ahora un sojal, informó a Efe una portavoz de la Comisión de Familiares de Víctimas de Curuguaty, Martina Paredes.

La empresa Campos Morombi, de la familia del político del oficialista Partido Colorado Blas N. Riquelme, usufructúa estas tierras desde hace años sin que haya habido una resolución a la demanda sobre quién es el propietario de las mismas.

Paredes explicó que Campos Morombi "está arrendando las aproximadamente 1.800 hectáreas a otras compañías que se dedican a la producción de soja transgénica".

"No respetan ni la tierra donde murieron 17 personas", dijo Paredes que junto a otras personas permanece en un precario campamento al borde del terreno donde se produjo la matanza el 15 de junio de 2012.

La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.

El fiscal del caso, Jalil Rachid, acusado por la defensa de los campesinos de alterar pruebas y violar el proceso legal de la investigación, imputó a 12 campesinos a los que acusó de perpetrar la matanza de forma premeditada.

La investigación no incluye imputaciones a los agentes policiales que se enfrentaron a los campesinos.

A un año y siete meses de la masacre, los familiares de las víctimas realizarán hoy un acto simbólico en recuerdo de sus fallecidos.

"La familia Riquelme les alquila y ellos plantan soja y pasan veneno, y nosotros estamos acá y no nos respetan. Somos campesinos y pobres pero también tenemos derecho a vivir bien", espetó Paredes.

A lo largo del 2013, con parones y retrasos, se celebró la audiencia preliminar que finalmente determinó que los campesinos serán llevados a juicio oral del que aún no hay fecha.