De entre todas las innovaciones que afectan al sector financiero, Blockchain es actualmente la que acapara mayor atención. La cadena de bloques es una modalidad de base de datos descentralizada y su carácter disruptivo surge de la ausencia de un certificador central, sustituido por la verificación consensuada del conjunto de participantes. Esta tecnología es hoy un importante motor de eficiencia económica y su enorme potencial lleva a algunos incluso a comparar esta innovación con el nacimiento de internet.Blockchain se desarrolló en 2008 para emitir y negociar la primera criptomoneda, el bitcoin. Hoy ya son casi 900 criptomonedas, con una capitalización de mercado que ronda los 400.000 millones de euros. Además, han proliferado nuevos criptoactivos, una nueva clase de activos digitales emitidos a través de las denominadas Initial Coin Offerings (ICOs), como fórmula de financiación de proyectos empresariales, especialmente aquellos en fases tempranas de desarrollo. A pesar de su nombre, ninguna de estas criptomonedas cumple eficazmente con las funciones del dinero: en la práctica se usan poco como medio de pago o unidad de cuenta y su eficacia como depósito de valor está limitada por su elevada volatilidad. Las bruscas fluctuaciones de su cotización en los últimos meses reflejan un fuerte componente especulativo. Aunque los criptoactivos se encuentran en una fase incipiente de desarrollo, ya se pueden hacer algunas consideraciones preliminares. En primer lugar, es importante advertir al inversor español, especialmente al minorista, de los riesgos asociados a las criptomonedas y tokens (vales digitales). Se trata de productos muy volátiles y con poca liquidez, que han tenido un impulso especulativo, con el consiguiente riesgo de colapso. Su emisión está esencialmente desregulada, por lo que no están sometidos a supervisión y carecen de la protección habitual de los instrumentos financieros regulados. Además, la escasa información sobre su naturaleza facilita el fraude y son ya varias las plataformas que han sufrido problemas operativos y ataques cibernéticos. Quien invierta sus ahorros en cualquiera de estos activos debe comprender el proyecto y todos los riesgos asociados. Por ello supervisores de distintas jurisdicciones han emitido advertencias, incluyendo la CNMV y el Banco de España. Por otro lado, por su carácter transfronterizo y basado en internet, la regulación de estos criptoactivos requiere una acción coordinada a nivel internacional para que resulte eficaz. La base inversora normalmente transciende a una jurisdicción y es preciso especificar la ley aplicable. Por ello, casi ninguna jurisdicción ha actuado todavía a nivel nacional y debemos centrar nuestros esfuerzos en impulsar medidas a nivel global. Así, las criptomonedas centrarán parte del debate en la próxima reunión de los ministros de Finanzas del G-20 a mediados de marzo.Los esfuerzos internacionales deben abordar la aplicación efectiva de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y el impacto para la estabilidad financiera. Conviene recordar que el elemento de anonimato permite un uso potencial para actividades ilícitas. Precisamente esta preocupación ha llevado a la UE a adoptar medidas para facilitar la identificación en su V Directiva anti-blanqueo que se aprobará próximamente. Desde la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera venimos haciendo un seguimiento estrecho del fenómeno, participando en los foros financieros internacionales que lo tratan. Por ejemplo, el Consejo de Estabilidad Financiera estima que la amenaza para la estabilidad internacional parece por el momento limitada, dada la dimensión todavía relativamente pequeña de estos mercados. Sin embargo, es preciso continuar monitorizando los riesgos asociados a su desarrollo. En todo caso, parece necesario separar el boom de las criptomonedas y la incertidumbre sobre sus implicaciones futuras, de la promoción de la tecnología subyacente y su potencial para generar eficiencias y oportunidades en el sector financiero y la economía en general. Muchas instituciones públicas y privadas ya prueban, incluso utilizan con éxito, la tecnología blockchain en múltiples aplicaciones. Estas consideraciones debe tenerlas en cuenta el regulador, como ocurre con el ámbito más amplio de Fintech. En este sentido, la Secretaría General del Tesoro lidera un grupo de trabajo en el que participan los supervisores y estudia la implantación de un espacio de pruebas (sandbox regulatorio) que permita hacer ensayos controlados de nuevos productos y servicios financieros. Se trata, en definitiva, de compatibilizar la implementación de una regulación equilibrada, que ofrezca una adecuada protección al inversor y la integridad de los mercados, con un apoyo decidido a las nuevas tecnologías en el sector financiero.